Si bien la batalla debería ser contra la ignorancia, en el conflicto entre maestros y el Gobierno de Honduras las calles quitaron el protagonismo a las aulas, y los gases lacrimógenos a los lápices.
¿Es viable construir una democracia en un país con apenas cuatro grados de escolaridad? La pregunta surge en medio de la batalla campal que libran en Honduras el magisterio y el Gobierno por un pliego de demandas económicas y de poder en el que está ausente el tema de la calidad y equidad educativa.
“Ésta es una lucha heroica por la defensa de nuestros derechos,” sostiene Edgardo Casaña, líder del movimiento magisterial y, a la vez, Secretario General del Frente Nacional de Resistencia Popular. En réplica, el ministro de Educación, Alejandro Ventura afirma que “esto no es un problema gremial, es político e ideológico”. La cabeza de Ventura, protagonista en el pasado de muchas huelgas como ex dirigente magisterial, es la demanda más “política” de los maestros y la que el presidente Porfirio Lobo califica como “innegociable”.
Al margen de ese punto, las peticiones centrales son que el Estado pague su deuda al fondo de pensiones de los maestros y que les restituya el control de las direcciones generales departamentales de educación. Del paquete reivindicativo, lo que más mueve a la mayoría de unos 60,000 huelguistas es la suerte de su fondo de pensiones, prácticamente en quiebra luego de una corrupción ininterrumpida por años.
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